Informe del Congreso de EE. UU. sobre las acusaciones de 2020 contra funcionarios venezolanos

INSIGHTi Acusación formal de EE. UU. contra altos funcionarios venezolanos 2 de abril de 2020 El 26 de marzo de 2020, el Fiscal General William Barr anunció la acusación formal contra el líder de Venezuela, Nicolás Maduro (a quien Estados Unidos no reconoce como presidente legítimo de Venezuela), y otros altos funcionarios venezolanos actuales y anteriores. Según los cargos imputados, Maduro habría participado en la organización de narcotráfico Cartel de los Soles en conspiración con la organización terrorista colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para producir y traficar drogas ilícitas hacia Estados Unidos. La acusación formal contra Maduro representa una escalada en los esfuerzos de EE. UU. desde enero de 2019 para obligarlo a abandonar el cargo, a fin de que un gobierno de transición pueda convocar elecciones libres y justas. Aunque el Congreso ha respaldado en gran medida las sanciones contra el gobierno de Maduro, estas acusaciones formales se producen cuando algunos miembros le están pidiendo a la Administración que alivie temporalmente las sanciones debido a la pandemia de la Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19). Antecedentes Las acusaciones formales del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) detallan cargos federales contra 18 personas: 15 funcionarios venezolanos actuales y anteriores (véase la Figura 1), 2 líderes colombianos de las FARC y un empresario venezolano. Los cargos (a continuación se incluyen los enlaces a las acusaciones formales) abarcan los más altos cargos del gobierno venezolano, incluidos la presidencia y la vicepresidencia; el tribunal supremo; la asamblea nacional constituyente; el ministerio de defensa, incluidas la guardia nacional, las fuerzas armadas y la inteligencia militar; el ministerio de energía; el organismo supervisor de criptomonedas; y la agencia nacional de control de drogas. La naturaleza de los delitos imputados incluye violaciones a las leyes de EE. UU. (a continuación se incluyen los enlaces a las disposiciones del código estadounidense) relacionadas con narcoterrorismo, tráfico de drogas, lavado de dinero, evasión de sanciones y conspiración para defraudar al gobierno de EE. UU. Más allá de sus acusaciones formales, 12 de las 18 personas también están sujetas a sanciones de EE. UU. (relacionadas con la situación en Venezuela, el tráfico de estupefacientes, o ambas). El Departamento de Estado ofrece un total de hasta $55 millones por información que conduzca al arresto, la condena, o ambos, de cinco de estas personas. Maduro calificó los cargos de "acusaciones sucias y falsas", y Rusia, su principal respaldo extranjero, los calificó de "absurdos". Sin embargo, uno de los acusados —Cliver Alcalá— se entregó a las autoridades de EE. UU. Otro, Hugo Carvajal, estaría negociando su entrega según se informa. Servicio de Investigación del Congreso https://crsreports.congress.gov IN11306 CRS INSIGHT Preparado para los Miembros y Comités del Congreso

Servicio de Investigación del Congreso 2 Figura 1. Acciones de EE. UU. dirigidas contra 15 funcionarios venezolanos actuales y anteriores ' Fuentes: Gráfico elaborado por el CRS. Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), "Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores acusados formalmente de narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros cargos penales", comunicado de prensa, 26 de marzo de 2020; lista de sanciones publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Recompensas ofrecidas por el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU. Las acusaciones formales contra altos funcionarios venezolanos continúan el esfuerzo de una década del DOJ por descubrir la corrupción en la que están involucrados Maduro y sus asociados. Desde 2010, el DOJ ha presentado cargos contra varias decenas de funcionarios actuales o anteriores. Algunos se han declarado culpables, han sido condenados, o ambas cosas, incluidos un extesorero nacional, un alto funcionario del banco estatal de desarrollo económico, un oficial militar, un juez y funcionarios de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA) y sus filiales. Maduro se suma a una lista de jefes de Estado actuales y anteriores que han sido acusados formalmente en Estados Unidos, entre ellos Manuel Noriega (líder de facto de Panamá; capturado en 1990 tras una invasión de EE. UU. y sentenciado en 1992), Alfonso Portillo (expresidente de Guatemala; sentenciado en 2014) y Rafael Callejas (expresidente de Honduras; se declaró culpable en 2016). Contexto político El gobierno de EE. UU. dejó de reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela en enero de 2019. Desde entonces, la Administración ha implementado una campaña de "presión máxima" que combina elementos diplomáticos y económicos para obligar a Maduro a abandonar el cargo. El Congreso y los aliados de EE. UU. se han opuesto al uso de

Servicio de Investigación del Congreso 3 la fuerza militar de EE. UU. en Venezuela. La Administración ha alentado a los países a reconocer al Presidente Interino Juan Guaidó, ha condenado las acciones represivas del gobierno de Maduro y ha coordinado la imposición de sanciones selectivas con sus aliados. Las sanciones de EE. UU. apuntan al gobierno de Maduro, a los sectores petrolero y aurífero de Venezuela, y al banco central. El Departamento del Tesoro impuso recientemente sanciones secundarias a las filiales de la empresa petrolera rusa Rosneft por ayudar a PdVSA a evadir sanciones. La oferta de recompensa de $15 millones del Departamento de Estado por información que conduzca al arresto de Maduro limita su capacidad de viajar. El 31 de marzo, la Administración propuso un "marco de transición democrática" respaldado por Guaidó que ofrecía alivio de sanciones si Maduro permite la formación de un gobierno de transición. Al día siguiente, el presidente Trump desplegó activos navales adicionales de lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Algunos especulan que la combinación de precios bajos del petróleo, una pandemia que podría abrumar rápidamente los deteriorados servicios de salud de Venezuela, y las acusaciones formales podrían derrocar al gobierno de Maduro. Otros sostienen que las acusaciones formales, emitidas mientras el gobierno intenta hacer frente a la pandemia de COVID-19, podrían reforzar la cohesión del régimen. Algunos también señalan la ayuda médica de China y la continua participación rusa en el sector petrolero, a pesar de la salida de Rosneft, como evidencia de que Maduro podría mantenerse en el poder. Consideraciones para los responsables de política de EE. UU. A medida que los miembros del Congreso monitorean la situación en Venezuela, entre los asuntos que podrían considerar se incluyen los siguientes: Represalias e inestabilidad. Tras el anuncio de la acusación formal de EE. UU., el fiscal general de Venezuela citó a Juan Guaidó a comparecer por su presunto papel en la planificación de un golpe de Estado. Ante la posibilidad de represalias contra Guaidó o de inestabilidad política, el COVID-19 podría limitar severamente las respuestas de política de EE. UU. ¿Alivio de sanciones? Funcionarios de la ONU y algunos expertos han instado a Estados Unidos a aliviar las sanciones financieras y sectoriales contra Venezuela, incluso si Maduro permanece en el cargo, para que el país pueda estar en una mejor posición financiera para hacer frente al COVID-19. Las acusaciones formales de EE. UU., las sanciones continuas y el despliegue de activos antidrogas podrían complicar un entorno ya tenso para las agencias humanitarias que trabajan con entidades venezolanas. Acuerdo humanitario. Venezuela ha estado enfrentando una crisis humanitaria debido a la falta de alimentos, medicamentos y servicios sociales; la infraestructura de salud ha colapsado prácticamente. Algunos observadores apoyan un acuerdo humanitario entre Guaidó y Maduro que facilite la entrega de suministros médicos. El Grupo de Crisis Internacional ha criticado las acusaciones formales de EE. UU. por obstaculizar las negociaciones para alcanzar un acuerdo. Otros sostienen que las acusaciones formales han aumentado la presión sobre Maduro para que acepte un gobierno de transición que recibiría alivio de sanciones y mayor asistencia de EE. UU. Alivio económico. En marzo de 2020, Maduro solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) $5 mil millones en alivio económico. Los líderes de la Unión Europea respaldaron la solicitud; los funcionarios de EE. UU. se opusieron. El FMI rechazó la solicitud de Maduro. Designación de Patrocinador Estatal del Terrorismo (SSOT, por sus siglas en inglés). Algunos observadores sostienen que las acusaciones formales del DOJ aportan evidencia para respaldar una designación de SSOT para Venezuela, lo que desencadenaría nuevas sanciones. Otros advierten que las acusaciones formales pueden no probar que el gobierno venezolano haya "proporcionado apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional", según lo exige la ley. Información sobre el autor

Servicio de Investigación del Congreso 4 Clare Ribando Seelke Liana W. Rosen Especialista en Asuntos Latinoamericanos Especialista en Crimen Internacional y Narcóticos Aviso Legal Este documento fue elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés). El CRS presta servicios como personal compartido no partidista a los comités del Congreso y a los Miembros del Congreso. Opera exclusivamente a solicitud y bajo la dirección del Congreso. La información contenida en un Informe del CRS no debe utilizarse con fines distintos a la comprensión pública de la información que el CRS ha proporcionado a los Miembros del Congreso en el marco del rol institucional del CRS. Los Informes del CRS, en tanto constituyen obra del Gobierno de los Estados Unidos, no están sujetos a protección de derechos de autor en los Estados Unidos. Cualquier Informe del CRS podrá ser reproducido y distribuido en su totalidad sin autorización del CRS. No obstante, dado que un Informe del CRS puede incluir imágenes o material protegido por derechos de autor de terceros, es posible que deba obtener el permiso del titular de dichos derechos si desea copiar o utilizar de cualquier otro modo material protegido por derechos de autor. IN11306 · VERSIÓN 2 · NUEVA